El Gobierno posterga la privatización de importaciones de gas mientras crece la alarma industrial en el NOA

En medio de un escenario energético tensionado de cara al invierno, el Gobierno nacional resolvió frenar la transferencia al sector privado de la importación de gas natural licuado (GNL) y sostener ese rol en manos de Enarsa al menos por un año más. La medida busca amortiguar el impacto de los precios internacionales en las tarifas, pero se da en paralelo a crecientes advertencias desde el norte del país, donde sectores industriales —particularmente en Tucumán— alertan sobre una posible escasez de gas y costos que comprometen la actividad productiva.

La decisión oficial implica dar marcha atrás con uno de los cambios previstos para 2026 dentro del esquema de desregulación del mercado energético. De este modo, el Estado continuará a cargo de una operatoria clave durante los meses de mayor demanda, cuando la producción local resulta insuficiente para cubrir el consumo residencial, industrial y eléctrico.

Desde el Gobierno explicaron que el giro responde al contexto internacional. “La decisión obedece a la suba y volatilidad del precio internacional, agravada por el conflicto en Medio Oriente. No es momento de convalidar condiciones que puedan sumar costos al sistema justo cuando la Argentina está bajando el uso de GNL”, señalaron fuentes oficiales, según lo consignado por el diario La Nación. No obstante, aclararon que el objetivo de fondo se mantiene: “Seguimos convencidos de privatizar esta operatoria y avanzar hacia un esquema competitivo, transparente y con señales de precio para que se conozca el costo real de la energía”.

El plan original contemplaba que una empresa privada asumiera la compra del combustible en el exterior, la logística de los buques, la operación de la terminal de regasificación y la comercialización del gas en el mercado interno. Sin embargo, pese a que la licitación avanzó y tuvo ofertas competitivas —con diferencias mínimas entre las propuestas de Trafigura y Naturgy—, el proceso no prosperó.

Según fuentes del sector, el principal obstáculo no fue únicamente el nivel de precios ofertados, sino el contexto en el que debían ejecutarse los contratos. Delegar la operatoria implicaba trasladar de manera más directa el costo internacional a tarifas y grandes usuarios, una alternativa que el Ministerio de Economía buscó evitar en un período sensible.

El conflicto en Medio Oriente modificó de manera significativa las condiciones del mercado. El precio del GNL pasó de alrededor de US$10 por millón de BTU a valores que oscilan entre US$17 y US$20, encareciendo las proyecciones para el invierno. En ese marco, especialistas señalaron que las ofertas privadas incorporaban tanto márgenes de intermediación como el riesgo propio de un mercado volátil.

El ex secretario de Energía Daniel Montamat sostuvo que la medida responde a ese escenario: “Yo creo que la decisión se toma porque el mercado del GNL tiene hoy una alta volatilidad de precios”. A su vez, advirtió que el costo no desaparece: si no se traslada plenamente a tarifas, deberá cubrirse con subsidios. En la misma línea, el especialista Juan José Carbajales estimó que el contexto podría implicar un sobrecosto cercano a US$700 millones respecto de las previsiones de comienzos de año.

A nivel estructural, persisten además limitaciones en la infraestructura que impiden reducir la dependencia de importaciones en los meses fríos. Entre ellas, se destacan demoras en obras clave como la segunda etapa del gasoducto Perito Moreno y la reversión del Gasoducto Norte. Pese al crecimiento de la producción en Vaca Muerta, el sistema aún requiere entre 20 y 25 cargamentos de GNL para cubrir los picos invernales.

En este escenario, la decisión de mantener el control estatal también busca evitar un impacto directo en la inflación. Informes privados señalan que los precios regulados ya mostraron subas relevantes en los últimos meses, impulsados por aumentos en combustibles, transporte y servicios públicos, por lo que un traslado pleno del costo del GNL podría tensionar los objetivos oficiales de desaceleración.

Alertas encendidas

Mientras se redefine la estrategia nacional, en el norte del país crece la preocupación por el abastecimiento. El presidente de la Unión Industrial de Tucumán (UIT), Jorge Rocchia Ferro, advirtió sobre un panorama crítico para los próximos meses, marcado tanto por la escasez de gas como por el elevado costo de las alternativas de importación.

El dirigente señaló que la situación responde al agotamiento de la cuenca del norte y a las limitaciones en el suministro. “Hoy el tema central no es el agua, es el gas. El tema del gas es tremendo, o sea, no va a haber gas. El problema es muy preocupante y angustiante porque la cuenca que vendría del norte no estaría disponible o estaría disponible en volúmenes muy pocos”, afirmó.

A la restricción física se suma el impacto económico. “Lo que sí, van a venir algunos barcos con gas licuado, pero ese gas licuado va a costar más de 27 dólares el millón de BTU, cosa que es impagable para la industria tucumana”, sostuvo Rocchia Ferro.

En ese contexto, desde el sector industrial impulsan una estrategia de acción conjunta para enfrentar los meses más críticos —junio, julio y agosto—, cuando la demanda energética se incrementa.

La decisión del Gobierno nacional, orientada a moderar el impacto macroeconómico del GNL, se articula así con un escenario regional complejo, donde la disponibilidad y el costo del gas aparecen como factores determinantes para la actividad productiva del norte argentino.